Señora Directora:
Hay muchas Iniciativas Populares de Norma que no alcanzaron los patrocinios ciudadanos necesarios para ser discutidos en la Convención Constitucional, pero que el Estado debería rescatar como ideas fuerza.
La propuesta Nº 5.246 postulaba que un organismo independiente fiscalizaría todos los recursos públicos mediante el uso de blockchain, incluso dineros que finalmente lleguen a privados. A su vez, la iniciativa Nº 41.546 pretendía reemplazar a los notarios por el sistema creado para las transacciones de Bitcoin.
Blockchain es una base de datos descentralizada que puede ser compartida por multitud de usuarios en modo peer-to-peer, que garantiza que la información sea almacenada sin que sus datos puedan ser falseados. Ya se aplica en sectores privados de la minería, trazabilidad de alimentos, ECommerce, entre otros.
Este avance tecnológico ya fue analizado hace unos años en mesas público –privadas lideradas por los ministerios de Hacienda, Salud, Corfo y Fonasa, y es hora que se avance en una hoja de ruta hacia un escenario que haga posible que el Estado utilice el blockchain para gestionar las bases de datos de las diferentes instituciones públicas, que hoy funcionan de manera independiente y no dialogan entre sí, desde el punto de vista informático.
También serviría para suscribir Contratos Inteligentes, realizar trazabilidad de insumos, registros contables, de asistencia, para otorgar certificaciones, licitaciones e inversiones.
Héctor Pincheira | Diario Financiero
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